La Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), ubicada en La Rioja, cuenta actualmente con alrededor de 3.500 estudiantes y experimentó un marcado crecimiento de inscripciones en el último año, con más de 1.630 nuevos alumnos. Sin embargo, posibles medidas del gobierno nacional, como el arancelamiento o incluso el cierre de la institución, podrían tener impactos significativos tanto a nivel social como económico.
Impacto social y educativo
Expertos y organizaciones universitarias advierten que la universidad pública es una vía clave de movilidad social en Argentina. Restringir el acceso afectaría principalmente a hogares de bajos recursos, incrementando la desigualdad. Arancelar generaría barreras económicas que impactarían sobre estudiantes de primera generación, trabajadores informales y familias con ingresos inestables, aumentando la deserción y limitando el acceso a la educación superior.
El cierre o la limitación de la UNdeC también afectaría la salud mental de los jóvenes, generando estrés, ansiedad y sensación de pérdida de proyecto vital, factores que incrementan el riesgo de abandono universitario, trabajos precarios o migración temprana en busca de oportunidades.
Efectos diferenciados por grupo
- Mujeres: mayor probabilidad de abandono debido a cargas de cuidado; becas y facilidades de acceso son cruciales.
- Comunidades rurales y pueblos originarios: alto impacto por ser la única oferta de educación superior local.
- Estudiantes con discapacidad: riesgo de exclusión si no existen alternativas accesibles.
Repercusiones locales y económicas
La UNdeC genera empleo directo e indirecto, demanda bienes y servicios, y dinamiza la economía local. Un cierre provocaría pérdidas salariales y de puestos de trabajo, además de reducir los espacios de sociabilidad y actividades culturales que fortalecen el tejido comunitario.
Asimismo, se perdería capital social y cultural: la universidad funciona como espacio de talleres, asesorías legales, programas de extensión y encuentros comunitarios. Su cierre podría erosionar la percepción de que el Estado garantiza derechos básicos y fomentar la desafección política o protestas sostenidas.
Movilidad y efectos a largo plazo
La imposibilidad de estudiar localmente obligaría a muchos jóvenes a migrar si pueden costearlo, mientras que la mayoría se vería excluida, provocando fuga de talento y afectando la innovación y los servicios profesionales en la región. A mediano y largo plazo, se reduciría la movilidad intergeneracional, aumentaría la informalidad laboral y se debilitarían redes de apoyo comunitario y cooperativas estudiantiles.
Organizaciones universitarias consideran que preservar la universidad regional es clave para la democracia, el desarrollo social y la cohesión comunitaria, advirtiendo sobre posibles conflictos políticos si se impone arancelamiento o cierre.