Lo que hasta ayer eran rumores, hoy es una admisión pública: José Luis Espert reconoció haber recibido 200 mil dólares de una empresa vinculada a Fred Machado, un empresario preso en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
La confesión llegó tarde y mal, en un video grabado en sus redes, donde intentó disfrazar el hecho como una “asesoría privada” realizada en 2020. Pero el daño ya está hecho: el discurso de la transparencia libertaria se derrumba frente a la evidencia de vínculos con capitales turbios.
Un relato que no cierra
Espert asegura que no se trató de financiamiento de campaña, sino de un contrato privado. Sin embargo, las dudas son inevitables:
- ¿Por qué aceptar pagos de una empresa ligada a un empresario señalado por la justicia internacional?
- ¿Por qué viajar en aviones vinculados a esas mismas compañías más de 30 veces?
- ¿De verdad no sabía quién estaba detrás?
La justificación de que “todo fue declarado” no despeja las sospechas. El problema no es solo legal: es ético y político.
La reacción de Milei: tapar el sol con las manos
En vez de exigir explicaciones, Javier Milei salió a respaldarlo. Lo definió como una “operación montada”. Una respuesta automática que solo agranda la grieta entre el discurso moralizador y la práctica real del espacio libertario.
¿De qué “casta” habla Milei cuando su socio político admite negocios con firmas ligadas a un narco?
El modelo en evidencia
El caso Espert es más que un escándalo individual. Es la muestra de un modelo político que predica pureza mientras opera con las mismas lógicas que critica:
- Dinero oscuro.
- Vínculos empresariales dudosos.
- Negocios disfrazados de contratos privados.
El libertarismo, que prometía romper con la vieja política, hoy queda al descubierto: no son distintos, solo juegan con otro manual de excusas.
Una bomba en plena campaña
Con la campaña en marcha, este reconocimiento golpea el corazón del oficialismo. Sectores internos temen que el caso erosione la credibilidad del proyecto libertario. La oposición ya habla de un “Watergate libertario” y exige investigaciones más profundas.
La pregunta que flota es clara: ¿puede alguien que admite vínculos económicos con empresas ligadas al narcotráfico presentarse como garante de un país transparente?