Ocho de cada diez trabajadores argentinos, según un informe reciente de la plataforma de empleo Bumeran, dicen que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. El mismo relevamiento muestra que al 26 % el salario apenas le dura dos semanas y que un 24 % destina el 100 % de lo que cobra a pagar deudas. A esto se suma que nueve de cada diez argentinos reconocen que, al llegar fin de mes, simplemente no les alcanza. La inflación, el endeudamiento y la pérdida del poder adquisitivo han convertido al salario en un recurso frágil, incapaz de sostener a las familias más allá de la primera quincena. En este contexto nacional, donde el ingreso formal ya no garantiza estabilidad, mirar las cifras del empleo público en La Rioja adquiere otro sentido.
La provincia aparece en el segundo lugar del ranking nacional con más trabajadores estatales por habitante. Para algunos sectores, eso es sinónimo de sobredimensionamiento y privilegio. Pero en la práctica, lejos de ser un exceso, es la única herramienta que permite resistir la crisis económica y sostener la vida cotidiana de miles de riojanos.
El empleo público aquí no es un capricho. Es el mecanismo por el cual el Estado garantiza igualdad de derechos en un territorio con comunidades dispersas, valles alejados y pueblos de montaña que no pueden depender del mercado para tener un maestro, un enfermero o un policía cerca. Cada puesto estatal es la traducción de un derecho: la escuela abierta, la sala de primeros auxilios funcionando, la administración presente.
Además, en un escenario donde los salarios privados se evaporan a mitad de mes, el sueldo estatal funciona como un ancla. No solo permite que las familias tengan un ingreso previsible, sino que también mantiene viva la rueda del consumo local: los comercios, los servicios y las pequeñas empresas dependen en gran medida de ese motor para no paralizarse. Sin esa masa salarial, el interior riojano se despoblaría y la capital se vería desbordada por la migración interna.
Reducir la cantidad de empleados públicos en estas condiciones sería condenar a la provincia a la intemperie. Con un mercado laboral privado débil y una crisis nacional que golpea a todos, el empleo público es la única red de contención que asegura un piso de dignidad. No se trata de negar la necesidad de profesionalizar y transparentar el Estado, sino de entender que en tiempos de salarios que se esfuman en dos semanas, el Estado no puede retroceder: debe estar más presente que nunca.
En La Rioja, el empleo público es el escudo que protege a la gente frente al derrumbe del poder adquisitivo. Defenderlo no es defender un privilegio: es defender la dignidad de los riojanos.
