El plan económico del gobierno fracasó. La “motosierra” prometía eficiencia y crecimiento, pero lo único que cortó fueron empleos, sueldos y derechos. El modelo del ajuste permanente se quedó sin combustible: tras destruir el consumo, paralizar la obra pública, endeudar provincias y cerrar industrias, ahora avanza sobre lo único que le queda en pie al pueblo trabajador: el salario.
La llamada reforma laboral, que el Ejecutivo presenta como modernizadora, es en realidad la fase más regresiva de todo su programa. En su núcleo está el concepto de “salario dinámico”, definido por distintos medios como Infobae como un sistema que permitiría a las empresas ajustar los sueldos según su propia realidad productiva. En otras palabras, se busca reemplazar los pisos salariales garantizados por los convenios colectivos con techos flexibles que dependan de la rentabilidad o desempeño empresarial. Lo que se disfraza de modernización es, en verdad, una vieja estrategia de ajuste: individualizar la negociación y desarmar las paritarias como espacio colectivo de defensa. Así, el salario deja de ser un derecho protegido por ley para convertirse en una variable más dentro del esquema de competencia empresarial.
No sorprende que los sindicatos hayan reaccionado con firmeza. La CGT y las principales centrales obreras ya advirtieron que esta iniciativa constituye un retroceso histórico. Denuncian que fragmentará la negociación colectiva, debilitará a los sindicatos y abrirá la puerta a sueldos por debajo del convenio. “No hay salario dinámico sin desigualdad dinámica”, repiten, y tienen razón. En un país con más del 50% de pobreza y una inflación persistente, condicionar el salario a la productividad de cada empresa condena a los trabajadores del interior y de los sectores más vulnerables a cobrar menos por el mismo esfuerzo.
La paradoja es que esta reforma llega en el peor momento posible. Según Clarín, las familias argentinas deben en promedio alrededor del 130% de su salario mensual a bancos y billeteras virtuales. Las tarjetas están al límite, los créditos personales se multiplican y la gente ya ni siquiera puede pagar el mínimo. En este contexto, hablar de “flexibilizar salarios” es como ofrecer más soga al ahorcado. Se empuja a los trabajadores a endeudarse para vivir y luego se les quita la posibilidad de recuperar poder adquisitivo. El modelo económico es perverso: primero impulsa el crédito para sostener el consumo y después ajusta el ingreso, hundiendo a las familias en una espiral de precariedad de la que cada vez cuesta más salir.
Pero el problema no termina en el salario. La cuestión central es más grave: la entrega de soberanía. La economía argentina está intervenida de hecho por los intereses de Estados Unidos. Cada decisión pasa por los escritorios del Fondo Monetario, del Tesoro norteamericano o de los fondos de inversión que hoy dictan la política cambiaria y financiera del país. La evidencia más reciente lo confirma: según reveló The Wall Street Journal y publicó Ámbito Financiero, Estados Unidos busca ampliar su acceso al uranio argentino, un recurso estratégico en su disputa energética con China. El ministro Luis Caputo ya conversó con el Tesoro estadounidense para facilitar ese ingreso. Es decir, ya no se entregan solo decisiones financieras: también se negocian recursos naturales.
La soberanía, que alguna vez significó independencia, hoy se hipoteca en nombre de la estabilidad. Lo que se pierde no es solo la capacidad de decidir sobre el trabajo o la economía: se entrega el control sobre los bienes estratégicos del país y, con ellos, el sentido mismo de la Nación. Cuando un gobierno permite que los salarios se determinen por el mercado y los recursos por intereses externos, deja de ser un Estado soberano y se convierte en un gestor colonial. Argentina no podrá garantizar el salario de su gente ni proteger sus recursos, porque ya no defiende su economía: los gobernantes están ocupados entregando su destino.