La Rioja vuelve a quedar marginada del reparto de fondos nacionales. Mientras la administración de Javier Milei transfirió $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, la provincia gobernada por Ricardo Quintela no recibió un solo peso desde el inicio de la actual gestión.
La situación se agrava por una deuda histórica de más de 1.000 millones de dólares en concepto de coparticipación y partidas extracoparticipables que Nación aún mantiene pendiente. Según el Gobierno provincial, esta falta de recursos impacta de manera directa en la prestación de servicios esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Recursos que no llegan, servicios en riesgo
El reclamo de La Rioja no es solo político: cada peso que no ingresa implica obras y programas que quedan postergados. Con los fondos adeudados podrían haberse sostenido escuelas, materiales educativos, conectividad en aulas rurales y capacitación técnica; además de equipamiento hospitalario, refuerzos para la atención primaria y mejoras en seguridad.
También se habrían podido ejecutar obras clave en rutas, mitigación hídrica, planes de vivienda social y ampliación de redes de agua y cloacas. Incluso, programas de apoyo a pymes y proyectos productivos que generarían empleo y dinamizarían la economía regional.
Reclamo firme
A pesar del desfinanciamiento, la Provincia sostiene programas sociales y servicios básicos mediante reasignaciones presupuestarias y gestiones locales, al tiempo que exige la restitución de los fondos que considera un derecho.
Desde el Ejecutivo provincial remarcan que no se trata de pedir favores: La Rioja reclama equidad fiscal y la devolución de los recursos que le corresponden. En contraste, Nación continúa asignando ATN bajo criterios discrecionales que benefician a distritos aliados.
El conflicto vuelve a poner en debate el modelo de distribución de recursos federales y la necesidad de reglas claras, transparentes y automáticas.