El Gobierno avanza en la privatización parcial de la energía nuclear
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que administra las tres centrales nucleares del país —Atucha I, Atucha II y Embalse— atraviesa un punto de inflexión. El Gobierno nacional dispuso, a través del Decreto 695/2025, la venta del 44 % de las acciones mediante licitación nacional e internacional. Además, un 5 % será destinado a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El Estado retendrá el 51 % restante, asegurando en los papeles el control mayoritario.
Un activo estratégico en disputa
NA-SA no solo representa una fuente clave de energía para el sistema eléctrico argentino: también constituye un símbolo de soberanía tecnológica, desarrollo científico y autonomía en la producción de combustibles nucleares.
Si bien el decreto establece que toda decisión estratégica —como ampliaciones de capacidad, construcción de nuevas centrales o cierre de reactores— deberá contar con aprobación del Poder Ejecutivo, analistas advierten que la apertura al capital privado limita de hecho la capacidad soberana del país sobre su matriz energética.
Inversores en la mira
Aún no se definió qué grupos adquirirán el paquete de acciones, aunque se espera la participación de fondos de infraestructura y compañías energéticas internacionales interesadas en un sector con generación estable y rentabilidad a largo plazo. La incógnita es qué ocurrirá cuando parte del control sobre la energía nuclear quede en manos privadas.
Privatización en un contexto de crisis
El anuncio llega en medio de una economía golpeada: desde fines de 2023 se destruyeron más de 130.000 empleos industriales, de la construcción y la minería, mientras que la producción manufacturera acumula una caída del 19 % en trece años. Sectores como el textil se encuentran al borde del colapso frente a la apertura de importaciones y la retracción del consumo interno.
En este escenario, la privatización parcial de Nucleoeléctrica excede lo financiero: se interpreta como un gesto político que enfrenta soberanía nacional versus apertura al capital extranjero.
Entre eficiencia y entrega
El Gobierno sostiene que el Estado mantiene el control formal, pero voces críticas recuerdan que, en la práctica, los inversores suelen condicionar las decisiones estratégicas. Para muchos, la medida refleja una política de entrega de activos estratégicos bajo el discurso de la “eficiencia” y la “inversión”.
La energía nuclear, uno de los pocos ámbitos donde Argentina logró reconocimiento internacional, se convierte así en un nuevo terreno de disputa entre intereses nacionales y extranjeros.