La Rioja condiciona proyecto minero clave y escala la disputa por la energía regional
La provincia de La Rioja decidió intervenir formalmente en un conflicto energético de alto impacto que trasciende sus fronteras y pone en tensión el vínculo entre el desarrollo minero y la infraestructura eléctrica en la región. A través de su Secretaría de Energía, el gobierno provincial presentó una oposición técnica al proyecto de línea de alta tensión de 500 kV impulsado por la empresa Vicuña Argentina S.A. en San Juan, fijando una condición central: que la firma financie las obras necesarias para integrar a La Rioja al sistema.
La medida, respaldada por la Resolución 219/2026 del ENRE, introduce un elemento político y económico clave en la discusión. La provincia busca evitar que los costos de expansión del sistema recaigan sobre el Estado o los usuarios, trasladando esa responsabilidad al actor privado que se beneficiará directamente del proyecto.
El eje del conflicto
El planteo riojano apunta a frenar la aprobación del acceso a la capacidad de transporte eléctrico solicitada por la minera hasta que se garantice el financiamiento de las obras de interconexión. En términos concretos, la provincia exige que cualquier avance del proyecto contemple su integración al sistema energético regional sin generar nuevas cargas fiscales.
El trasfondo inmediato es la Resolución 79/2026 del ENRE, que otorgó a Vicuña Argentina el 90% de la capacidad de la línea por un plazo de 25 años para abastecer al proyecto minero Josemaría. Esta decisión, considerada estratégica por el sector minero, despertó cuestionamientos por su impacto en el acceso equitativo a la infraestructura eléctrica.
Desde el gobierno riojano advierten que la asignación prioritaria a un actor privado podría consolidar un esquema desigual en el uso de recursos energéticos, limitando oportunidades de desarrollo para otras jurisdicciones.
Una discusión estructural
La postura de La Rioja combina una visión de largo plazo con una fuerte defensa de sus intereses económicos. Por un lado, impulsa la posibilidad de cerrar el anillo energético regional, una obra clave para mejorar la seguridad del suministro y reducir la dependencia de fuentes externas. Por otro, instala un principio político claro: que el financiamiento de la infraestructura acompañe la lógica de los beneficios.
En ese sentido, el secretario de Energía provincial, Alfredo Pedrali, cuestionó la cesión de capacidad a un privado sobre una red construida con inversión pública, advirtiendo además sobre los riesgos que el proyecto podría implicar para la interconectividad de la provincia.
Escenario abierto
La disputa se resolverá en una audiencia pública convocada por el ENRE para el 3 de junio, que se realizará de manera virtual. Allí no solo expondrá La Rioja, sino también municipios sanjuaninos como Jáchal e Iglesia, que anticiparon objeciones al proyecto.
El resultado de ese proceso será determinante. No solo definirá el futuro de una obra energética clave para el desarrollo minero, sino también el modelo de distribución de costos y beneficios en el sistema eléctrico regional. Para La Rioja, la discusión excede lo técnico: se trata de fijar reglas en un escenario donde la infraestructura y los recursos naturales vuelven a estar en el centro de la disputa política.