El gobernador **Ricardo Quintela** confirmó que recibirá la próxima semana a representantes de la asamblea de vecinos de **Guandacol**, en un intento por encauzar un conflicto que combina decisiones judiciales, impacto económico y creciente tensión social en el oeste riojano.
La reunión surge luego de que la Justicia provincial ordenara la suspensión por 30 días del corredor logístico vinculado al Proyecto Vicuña, una medida basada en la falta de un informe de impacto ambiental actualizado. La decisión paralizó actividades clave y generó preocupación inmediata en una comunidad que depende en gran medida de la actividad minera.
Presión social y reacción política
Más de 200 vecinos, entre trabajadores, prestadores de servicios y familias vinculadas al sector, se organizaron en asamblea para exigir respuestas urgentes. El reclamo apunta tanto a la reactivación del corredor como a la defensa de los puestos de trabajo que hoy se encuentran en riesgo.
En este contexto, la decisión del Ejecutivo provincial de abrir una instancia de diálogo aparece como una respuesta directa a la presión social. El diputado **Yamil Sarruf** fue quien confirmó el encuentro y aseguró que el Gobierno “siempre tuvo la intención de escuchar”, aunque el conflicto ya escaló a un nivel que obliga a definiciones concretas.
El intendente de Felipe Varela, **Hugo Páez**, expuso ante autoridades provinciales la “zozobra” que atraviesa la comunidad, advirtiendo que la paralización podría derivar en despidos si la situación se prolonga. La preocupación no es menor: el proyecto minero representa una de las principales fuentes de ingresos en la región.
Un conflicto que expone tensiones estructurales
El caso pone en evidencia una tensión recurrente en la agenda riojana: el equilibrio entre desarrollo productivo y नियंत्रण ambiental. Mientras la Justicia exige garantías técnicas antes de habilitar la continuidad del corredor, sectores de la comunidad priorizan la urgencia económica.
Además, desde el ámbito legislativo se deslizó que la empresa a cargo del proyecto ya habría sido notificada en 2024 por demoras en obras comprometidas en Guandacol, lo que agrega un componente de responsabilidad empresarial al conflicto.
La asamblea vecinal, por su parte, definió una estrategia que incluye acciones legales, la elaboración de un registro de afectados y el respaldo explícito al proyecto minero, lo que marca una particularidad: no hay rechazo a la actividad, sino una demanda por su continuidad bajo condiciones que garanticen empleo.
Escenario abierto y definiciones pendientes
La reunión con **Quintela** será clave para determinar el rumbo del conflicto. El Gobierno deberá posicionarse entre el cumplimiento de la medida judicial, la presión de los trabajadores y la necesidad de sostener la actividad minera como motor económico del interior provincial.
En juego no solo está la reactivación de un corredor logístico, sino también la capacidad de gestión política frente a un conflicto que combina variables judiciales, sociales y productivas. El desenlace podría sentar un precedente sobre cómo se administran este tipo de tensiones en La Rioja.