Adorni y su esposa se blindan con la Ley de Inocencia Fiscal antes de presentar su declaración jurada
Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti solicitaron adherirse a la Ley de Inocencia Fiscal el 9 de junio, un día antes de que el jefe de Gabinete presentara su demorada declaración jurada. El dato figura en la web de ARCA (ex AFIP), donde constan los números de CUIT de ambos bajo la ley 27.799.
La maniobra genera controversia: el matrimonio aún no ha podido justificar públicamente un conjunto de gastos y adquisiciones que superan con creces sus ingresos declarados como funcionario público.
¿Qué permite esta ley?
La norma, impulsada originalmente por el diputado José Luis Espert, habilita un régimen simplificado de ganancias. Según explicó el presidente Javier Milei al momento de su aprobación, quienes adhieren pagan el impuesto a las ganancias únicamente sobre lo facturado durante el ejercicio fiscal, sin que ARCA pueda exigir explicaciones sobre el incremento patrimonial o el nivel de consumo personal registrado en ese mismo período.
En otras palabras: al adherir al régimen, Adorni y Angeletti quedan eximidos de explicar cómo creció su patrimonio desde que el funcionario asumió como jefe de Gabinete.
Los gastos que no tienen explicación
Hasta el momento, el matrimonio no ha dado respuestas sobre los siguientes puntos:
– La compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido con apenas 30.000 dólares y una hipoteca de 200.000 dólares que les habilitaron dos jubiladas.
– La reforma de una vivienda en el country Indio Cuá, con un costo estimado de 245.000 dólares.
– Viajes de lujo a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao, que habrían sumado más de 30.000 dólares.
– Gastos en tarjetas de crédito por más de 80 millones de pesos durante 2025, una cifra que excede ampliamente el salario que percibe Adorni como funcionario.
Un recurso propio que ahora lo beneficia
La paradoja del caso es que Adorni fue uno de los principales promotores de esta ley. Cuando fue aprobada, celebró públicamente su alcance en sus redes sociales. “La Ley de Inocencia Fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter. En febrero de este año volvió a destacarla: “Entró en vigencia la ley que le devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.
Ahora, él mismo hace uso de esa libertad para no dar explicaciones sobre su propio incremento patrimonial.
Un debate sobre funcionarios y transparencia
El punto más sensible del caso radica en que la ley no excluye a los funcionarios públicos, técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente (PEP), del beneficio de no justificar el crecimiento de su patrimonio. Esto abre un debate sobre la compatibilidad entre este régimen fiscal y las obligaciones de transparencia que, en principio, rigen para quienes ejercen cargos en el Estado.
La declaración jurada de Adorni, presentada con demora, se conocerá en los próximos días. Sin embargo, dado que el funcionario ya adhirió al régimen simplificado, el documento no estará obligado a reflejar cómo se explica la diferencia entre sus ingresos y su nivel de vida.
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