La Cámara de Diputados riojana aprobó la creación del Programa Provincial de Educación Vial: una decisión legislativa que busca atacar de raíz uno de los problemas más graves de la provincia, los siniestros viales, a través de la formación educativa desde las aulas.
La norma, impulsada por los diputados Luis Rojo y Antonio Veragua, obtuvo despacho favorable en comisión antes de ser aprobada por el pleno legislativo. La iniciativa marca un cambio de enfoque en la política provincial: en lugar de actuar solo después de los accidentes, se apuesta a la prevención desde edades tempranas.
La educación vial como política de Estado
El programa quedará bajo la órbita conjunta del Ministerio de Educación y del área de Seguridad Vial y Derechos Humanos. Esta doble dependencia institucional refleja el carácter transversal que los impulsores del proyecto le asignan a la problemática vial: no es solo un asunto de tránsito, sino también una cuestión de derechos y convivencia ciudadana.
Durante la fundamentación en el recinto, el diputado Veragua subrayó que los siniestros viales son una de las principales causas de muerte y lesiones tanto en La Rioja como en el resto del país. En ese marco, sostuvo que la educación es la herramienta más eficaz para generar conciencia y modificar conductas en la vía pública.
Qué establece la ley
La norma contempla la incorporación obligatoria de contenidos de educación vial en todos los niveles del sistema educativo provincial, desde el inicial hasta el secundario. Además, prevé la realización de jornadas especiales vinculadas a fechas clave del calendario vial, como el Día Nacional de la Seguridad Vial y el Día del Camino.
El objetivo central es reducir los índices de siniestralidad mediante la formación continua y la concientización de toda la comunidad educativa, incluyendo alumnos, docentes y familias.
Un problema que no da tregua
La decisión legislativa no ocurre en el vacío. En los últimos meses, La Rioja registró varios episodios fatales vinculados a accidentes de tránsito, algunos de los cuales terminaron con víctimas fatales luego de períodos de internación. Ese contexto refuerza la urgencia de una política preventiva sostenida en el tiempo.
La aprobación del programa representa un paso concreto en esa dirección, aunque su impacto real dependerá de la implementación efectiva en las escuelas y del compromiso presupuestario que le asignen las carteras involucradas.