La Rioja negocia con Vicuña: presión política por empleo local y control ambiental
La provincia de La Rioja abrió una nueva etapa de negociación con la empresa minera Vicuña Corp en torno al desarrollo del proyecto Josemaría, con un eje central: garantizar beneficios concretos para el territorio riojano. El Gobierno provincial, intendentes del oeste y autoridades de la firma avanzan en un esquema de cooperación que pone en discusión empleo, البيئة y participación económica local.
El encuentro, que reunió a la vicegobernadora **Teresita Madera**, los intendentes **Luis Orquera** y **Hugo Páez**, junto a funcionarios del área minera y directivos de la empresa, expuso una demanda política clara: que la explotación no avance sin asegurar impacto positivo en las comunidades riojanas.
### Reclamos históricos y tensión territorial
Los municipios involucrados plantearon tres exigencias concretas que marcan el tono de la negociación. Por un lado, compensaciones por el impacto del tránsito pesado vinculado a la actividad minera sobre territorio riojano. Por otro, la contratación de mano de obra local. Y finalmente, la inclusión de proveedores riojanos en la cadena de servicios del proyecto.
Estos puntos reflejan una tensión de larga data: La Rioja busca evitar quedar relegada en un emprendimiento de escala nacional que, aunque cercano geográficamente, históricamente generó beneficios desiguales.
Desde los gobiernos locales se interpreta que esta instancia abre una oportunidad para corregir ese desequilibrio, aunque todavía sin garantías firmes. “Se busca dejar atrás los desencuentros”, señalaron tras el encuentro, en un reconocimiento implícito de los conflictos previos.
### Estrategia provincial: minería con شروط
En paralelo, el gobernador **Ricardo Quintela** encabezó una reunión clave con la empresa para consolidar una postura política unificada. El planteo oficial es claro: la provincia acompañará el desarrollo minero solo si se cumplen condiciones vinculadas al empleo, el desarrollo de proveedores y el control ambiental.
Este posicionamiento se alinea con el reciente Plan Quinquenal Minero 2026-2030, presentado por el Ejecutivo, que busca convertir a la minería en motor económico, pero bajo regulación provincial estricta.
El Gobierno insiste en mantener la potestad sobre los controles ambientales, un punto sensible en el debate público y político, donde crecen las demandas de mayor transparencia y participación comunitaria.
### Infraestructura y señales concretas
Uno de los avances más tangibles fue el anuncio de la construcción de un bypass en Guandacol, previsto para iniciar en unos 60 días. La obra apunta a mejorar la logística y reducir el impacto del tránsito minero en zonas urbanas, un reclamo sostenido por vecinos.
Sin embargo, más allá de este anuncio, el eje de la discusión sigue siendo estructural: cómo se distribuyen los beneficios de un proyecto estratégico y qué rol juega La Rioja en esa ecuación.
### Un acuerdo en construcción
El proceso de negociación marca un punto de inflexión en la relación entre la provincia y la empresa. De un vínculo atravesado por tensiones, se intenta avanzar hacia un modelo de asociación condicionado.
El resultado final dependerá de la capacidad del Gobierno riojano para traducir los planteos políticos en cláusulas concretas. En juego no solo está el desarrollo minero, sino también la legitimidad social de la actividad en el territorio.
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