La Rioja: aumento a jubilados de fuerzas de seguridad reabre el debate por el gasto previsional
El Gobierno de La Rioja dispuso un incremento en los haberes de jubilados y pensionados de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario, una medida que impacta en más de 3.100 beneficiarios y que vuelve a poner en agenda la sostenibilidad del gasto público y las prioridades salariales dentro del Estado.
La decisión, oficializada mediante el Decreto N° 129/2026 firmado por el gobernador **Ricardo Quintela** y respaldada por la Ley Provincial N° 10.327, establece que el aumento se abonará en junio con retroactividad a febrero. Esto implica un desembolso acumulado significativo en un contexto económico donde las provincias enfrentan fuertes restricciones financieras.
Actualización alineada al personal activo
Desde la Secretaría de Gestión Previsional, encabezada por **Sandra Vanni**, se explicó que la medida busca equiparar los haberes del sector pasivo con los salarios vigentes del personal en actividad. Este criterio, habitual en regímenes especiales como el de las fuerzas de seguridad, garantiza una actualización automática pero también incrementa la presión sobre las cuentas públicas.
El nuevo esquema fija un haber mínimo de $847.206, al que se suma el adicional conocido como “quincenita”, actualmente en $126.900. La actualización del piso salarial previsional marca un intento de sostener el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque también eleva el costo estructural del sistema.
Impacto fiscal y señales políticas
La medida no solo tiene un impacto económico, sino también político. En un escenario donde distintos sectores estatales reclaman recomposición salarial, el aumento a jubilados de fuerzas de seguridad puede ser leído como un gesto hacia un sector estratégico para la gobernabilidad.
Al mismo tiempo, la retroactividad a febrero concentra el pago en un solo tramo, lo que obliga a la Provincia a afrontar un esfuerzo financiero adicional en el corto plazo. Este tipo de decisiones suele generar tensiones en la administración de recursos, especialmente si se replican en otros regímenes previsionales o sectores del empleo público.
Un esquema bajo presión
El régimen previsional de las fuerzas de seguridad tiene características particulares que lo diferencian del sistema general, principalmente por su vínculo directo con los salarios del personal activo. Esto asegura una actualización constante, pero también lo vuelve más sensible a cualquier mejora salarial otorgada en actividad.
En este contexto, la decisión del Ejecutivo provincial refuerza una política de recomposición de ingresos, aunque deja abierto el interrogante sobre su sostenibilidad a mediano plazo y su posible efecto dominó en otros sectores del Estado.
Mientras tanto, los beneficiarios podrán consultar detalles del cobro a partir del 20 de mayo en la Dirección General de Gestión Previsional, en la ciudad capital.