Denuncia contra Milei y Caputo: acusan al Gobierno de usar fondos viales para comprar votos en el Congreso
Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano expone una presunta maniobra del Gobierno nacional para condicionar votaciones en el Congreso mediante la distribución discrecional de fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado con el impuesto a los combustibles líquidos.
La acusación apunta directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Luis Caputo, y detalla $33.786 millones desembolsados en tres períodos clave de 2026, que representan el 52,7% de todo lo pagado por el SisVial en los primeros cinco meses del año.
Una caja millonaria sin ejecutar en rutas
Desde diciembre de 2023, el Estado recaudó $1.503.252 millones a través del impuesto a los combustibles líquidos, con asignación específica para obras y mantenimiento vial. Sin embargo, según la denuncia, solo se ejecutaron $394.406 millones, lo que implica una subejecución del 73,8%.
El dinero restante, más de un billón de pesos, no fue a rutas ni a obras de infraestructura: habría permanecido colocado en plazos fijos, letras del Tesoro y otros instrumentos financieros, con un saldo de $1.038.779 millones sin aplicar al cierre de mayo de 2026.
Ese dato no era desconocido. En agosto de 2025, Perfil lo había revelado en una investigación de su editor de Economía, Ezequiel Orlando. Poco después, Hugo Alconada Mon profundizó el mismo hallazgo en La Nación. Lo que agrega la denuncia de Pagano es la hipótesis política: que esos fondos se liberaban estratégicamente en coincidencia con fechas de votación en el Congreso.
La “lista de precios” legislativa
La diputada elaboró un detalle de desembolsos vinculados a votaciones concretas:
Ficha Limpia (mayo 2025): $7.895 millones girados a Jujuy el mismo día en que senadores de Misiones cambiaron su voto y rechazaron el proyecto en el Senado.
Acuerdo con el FMI (marzo 2025): $6.596 millones desembolsados casi íntegramente en Santa Cruz, tras la aprobación del DNU 179/2025.
Sesiones sobre vetos (agosto 2025): $20.983 millones concentrados en provincias durante la semana en que el Congreso trató los vetos presidenciales.
Reforma laboral (febrero 2026): $17.139 millones girados entre el 11 y 13 de febrero, vinculados al acompañamiento de legisladores misioneros y del diputado jujeño Jorge Rizzotti.
Ley de Glaciares (abril 2026): $12.551 millones desembolsados entre el 8 y 10 de abril, con Salta entre los beneficiarios.
Hojarasca y Zonas Frías (mayo 2026): $14.096 millones transferidos entre el 19 y 21 de mayo. Salta acumuló, entre esta ventana y la anterior, más de $1.787 millones.
Pagos concentrados, votos asegurados
La denuncia señala que los días de votación se liberaron 3,44 veces más fondos que el resto del mes. La coincidencia sistemática entre desembolsos y fechas legislativas es el eje central de la acusación.
Durante los primeros cinco meses de 2026, el 41,5% de los pagos del SisVial se concentró en apenas tres jurisdicciones: Jujuy, Misiones y Santiago del Estero. Esta última provincia recibió $9.886 millones para la autovía de la Ruta Nacional 9, aunque, paradójicamente, sus legisladores votaron en contra del oficialismo en todas las ventanas legislativas analizadas. La denuncia incorpora la hipótesis de un experto consultado: “Si quiero esconder un pago incómodo, lo emito entre otros pagos”.
El caso de Tucumán también es ilustrativo: recibió $2.322,8 millones durante las tres ventanas analizadas, mientras la ruta 307 acumula tres años de demoras y menos del 20% de avance físico.
La causa llega a Ercolini
El expediente fue asignado al juez federal Julián Ercolini, el mismo magistrado que intervino en la causa Vialidad, la investigación por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
Pagano no dejó pasar la ironía. Al conocer el nombre del juez, declaró: “Ya sabemos cómo termina la historia… me olvidaba, le cayó al mismo juez, Ercolini; esperemos que aplique su propio precedente”.
La legisladora no realizó declaraciones adicionales más allá de la denuncia formal presentada ante la Justicia.
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