El INAES suspendió la matrícula de 92 cooperativas en La Rioja y el sector cooperativo local está en alerta. Las entidades afectadas tienen entre 30 y 45 días para regularizar su situación administrativa. Si no lo logran, el organismo nacional procederá a su liquidación definitiva y disolución legal.
El problema de fondo no es solo burocrático. Fernando Gómez, titular de la Mesa de Cooperativas Unidas y Organizadas de La Rioja, explicó con números concretos por qué muchas entidades no pueden cumplir: confeccionar y certificar un solo balance anual cuesta entre 500.000 y 600.000 pesos. Para una cooperativa que atravesó años de actividad mínima por la crisis económica, tener tres o cuatro ejercicios contables sin presentar convierte la regularización en algo prácticamente imposible de pagar.
Muchas de estas cooperativas tienen raíces en comunidades del interior riojano, incluyendo localidades del departamento Chilecito, donde el modelo cooperativo ha sido históricamente una herramienta de organización vecinal, laboral y productiva. La suspensión de matrícula no es un dato administrativo menor: implica que estas organizaciones no pueden operar legalmente mientras no resuelvan su situación.
El sector, además, cruzó a la gestión provincial del gobernador Ricardo Quintela con una denuncia pública de peso. Según los dirigentes cooperativistas, la provincia retuvo de forma opaca 1.240 millones de pesos de recursos genuinos del sector. De ese total, aproximadamente 580 millones de pesos corresponden a fondos nacionales del INAES destinados específicamente al fomento cooperativo en La Rioja, que nunca habrían llegado a las bases ni a las cooperativas de la provincia.
La situación pone a muchas organizaciones ante un dilema sin salida fácil: deben regularizarse para salvar su personería jurídica, pero no cuentan con los recursos para hacerlo, en parte porque los fondos que debían fortalecerlas nunca llegaron a destino.
Desde Chilecito, vecinos y cooperativistas siguen de cerca lo que ocurre. La pregunta que circula es directa: ¿quién responde por esos fondos que no llegaron?