La política minera de **La Rioja** volvió a escalar en tensión con la provincia de San Juan tras un nuevo planteo del gobierno de **Ricardo Quintela**, que ahora apunta directamente contra proyectos vinculados al grupo Lundin. El foco se trasladó hacia el emprendimiento Lunahuasi, en un movimiento que expone una estrategia provincial más firme para disputar territorio, recursos y नियंत्रण ambiental en la cordillera.
El planteo fue impulsado por el ministro de Producción, **Ernesto “Harry” Pérez**, quien advirtió públicamente sobre posibles avances de empresas mineras sobre zonas que la Provincia considera propias. La advertencia no es menor: implica un reposicionamiento político de La Rioja en la discusión por los límites interprovinciales y el control de recursos estratégicos.
Un nuevo frente tras el acuerdo por Vicuña
El conflicto surge pocos días después del acercamiento entre el gobernador **Quintela** y directivos del proyecto Vicuña, que había generado fricciones por el uso de caminos riojanos para operaciones en territorio sanjuanino. Ese episodio incluyó una intervención judicial y un fuerte control territorial por parte de la Provincia.
Ahora, lejos de descomprimir, el escenario se amplía. La administración riojana pone bajo la lupa a Lunahuasi, un proyecto ligado a NGEx Minerals —del mismo grupo empresario que impulsa Vicuña—, en lo que puede interpretarse como una señal política: La Rioja no solo quiere participar, sino también condicionar el desarrollo minero en la región.
Reclamo ambiental y disputa territorial
El eje del nuevo conflicto gira en torno a dos aspectos clave: la delimitación territorial y el impacto ambiental. Según Pérez, el área del proyecto Lunahuasi podría ubicarse dentro de jurisdicción riojana e incluso involucrar zonas cercanas al glaciar El Potro.
En ese marco, el gobierno provincial anunció que solicitará estudios de impacto ambiental, reforzando una narrativa que combina defensa de recursos naturales con soberanía territorial. La elaboración de informes técnicos, a cargo del ministro **Santiago Azulay**, apunta a sustentar futuras decisiones políticas o incluso acciones judiciales.
Una disputa que excede lo técnico
El endurecimiento de la postura riojana refleja una discusión más profunda que atraviesa a toda la región: quién controla los recursos de alta montaña y bajo qué condiciones se explotan.
Mientras San Juan avanza con una política activa para atraer inversiones mineras, La Rioja busca reposicionarse y ganar peso en decisiones que históricamente le resultaron ajenas. El conflicto ya no se limita a caminos o accesos, sino que se extiende a la propiedad de los recursos, los límites geográficos y la protección ambiental.
Escenario abierto e impacto político
El nuevo capítulo anticipa un escenario de mayor judicialización y tensión interprovincial. La estrategia del gobierno de **Quintela** combina negociación con empresas, control territorial y presión política, en un equilibrio delicado entre desarrollo económico y defensa de intereses locales.
En este contexto, la minería vuelve a instalarse como un eje central de la agenda política riojana, con implicancias que podrían redefinir el vínculo con San Juan y el rol de la Provincia en el mapa minero nacional.