Quintela presenta proyecto para proteger tierras rurales en La Rioja

Quintela le responde al Gobierno nacional: La Rioja avanza con su propia ley para proteger las tierras rurales

El gobernador Ricardo Quintela presentó este viernes un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados de La Rioja con el objetivo de regular y restringir el acceso de personas y empresas extranjeras a las tierras rurales de la provincia. La iniciativa llega horas después de que el Gobierno nacional debiera retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada los capítulos vinculados a la extranjerización de tierras y al Manejo del Fuego, ante la falta de consenso en el Senado.

Un movimiento político de alto voltaje

La sincronía entre el retroceso nacional y la presentación provincial no es casual. Mientras el oficialismo de Javier Milei resignaba dos de sus puntos más polémicos para conseguir la aprobación en general de su ley, el gobierno riojano tomaba la iniciativa en sentido opuesto: más regulación, más restricciones y más herramientas provinciales para blindar el territorio.

El proyecto reglamenta el artículo 81 de la Constitución de La Rioja, sancionada el 22 de julio de 2024, y establece un marco legal específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre tierras rurales por parte de actores extranjeros.

La tierra como asunto de soberanía

En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo provincial sostiene que la tierra no puede reducirse a un bien económico regido únicamente por el mercado. La concibe, en cambio, como un elemento central de la soberanía estatal, vinculado a la seguridad alimentaria, la preservación ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

El texto advierte sobre los riesgos que supone la concentración de grandes extensiones territoriales en manos extranjeras, sobre todo cuando se trata de zonas de frontera, fuentes hídricas, acuíferos o áreas naturales de valor estratégico. Con ese criterio, el proyecto declara el régimen aplicable a estas tierras como de orden público e interés provincial estratégico.

El límite del 3% y las zonas prohibidas

Entre las disposiciones más concretas, la propuesta fija un techo máximo del 3% de la superficie rural provincial en manos extranjeras, porcentaje que también se aplica por departamento. Además, incorpora un límite por nacionalidad para evitar procesos de concentración territorial.

La iniciativa prohíbe expresamente que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir, alquilar o acceder mediante concesiones a inmuebles ubicados en franjas de seguridad fronteriza, predios con ríos, acuíferos o zonas de recarga hídrica, áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, parques provinciales, sitios arqueológicos y culturales, tierras destinadas a la agricultura familiar y espacios estratégicos para el desarrollo provincial.

Control, sanciones y registro

Para garantizar el cumplimiento de la norma, el proyecto crea el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, un organismo encargado del relevamiento permanente del dominio rural y del control de operaciones. Toda transacción en la que intervengan actores extranjeros deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación como requisito para su inscripción registral.

El régimen sancionatorio es contundente: nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, multas de hasta el 50% del valor fiscal del inmueble y obligación de vender o desprenderse de las tierras adquiridas irregularmente en un plazo máximo de 360 días. También se ordena un relevamiento obligatorio de todos los titulares extranjeros actuales de tierras rurales dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

Una señal política clara

El envío del proyecto consolida el posicionamiento de Ricardo Quintela en el debate nacional sobre la propiedad de la tierra. La Rioja no solo toma distancia del esquema que impulsaba el Gobierno de Milei, sino que avanza con un andamiaje regulatorio más exigente, colocando en el centro la protección del agua, el ambiente y los recursos que la provincia considera estratégicos para su futuro.

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