Buque británico en Ushuaia: Nación defiende la operación y profundiza el conflicto con Tierra del Fuego
El amarre del petrolero VS Promise en el puerto de Ushuaia desató una nueva disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego. Mientras la administración de Javier Milei respaldó la decisión de habilitar la embarcación de bandera británica, el gobernador Gustavo Melella cuestionó la medida y advirtió que viola la normativa provincial vigente.
La posición oficial
El vocero presidencial Adrián Ravier salió al cruce de las críticas durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada y defendió la legalidad de la operación. Según su argumento, la Ley Gaucho Rivero, que restringe el ingreso de buques vinculados al Reino Unido en puertos fueguinos, no aplica en este caso porque el VS Promise no operó en la Cuenca Malvinas sino en territorio argentino continental.
“El barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar”, señaló Ravier.
Desde la Casa Rosada también descartaron que la habilitación implique una cesión de soberanía. La postura oficial busca separar la bandera del buque de la cuestión territorial vinculada a las Islas Malvinas, subrayando que la embarcación realizó tareas de carga de petróleo en el norte de Tierra del Fuego antes de arribar a Ushuaia.
El eje del conflicto: el puerto intervenido
La controversia no se agota en el VS Promise. En el centro del debate está la administración del Puerto de Ushuaia, intervenida por el Gobierno nacional a principios de año a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Esa intervención fue justificada por Nación en razones de interés estratégico para el Atlántico Sur.
La paradoja no pasó inadvertida: el mismo organismo que asumió el control del puerto en nombre de la soberanía argentina terminó siendo quien autorizó el amarre de un buque con bandera británica. Ese punto es el que más irrita al gobierno provincial.
Tierra del Fuego sostiene que la Ley Gaucho Rivero sigue plenamente vigente y que la autorización otorgada por la ANPyN contradice tanto la letra de esa norma como el espíritu que la motivó. La provincia también tiene planteado un reclamo judicial para recuperar la administración de la terminal portuaria, lo que convierte al episodio en un nuevo capítulo de una disputa de fondo entre ambas jurisdicciones.
Malvinas en el trasfondo
El caso del VS Promise llega en un momento en que la política del Gobierno de Milei hacia el Reino Unido genera creciente debate político. Los cuestionamientos sobre la posición argentina frente a la cuestión Malvinas reaparecen cada vez que se producen situaciones como esta, donde la presencia de una embarcación británica en el extremo sur del país activa sensibilidades históricas y jurídicas profundas.
Para el gobierno fueguino, permitir que un buque de bandera inglesa opere en el puerto de la capital provincial resulta incompatible con el reclamo soberano que Argentina sostiene ante los organismos internacionales. Para Nación, en cambio, se trata de una operación técnica y legal que no afecta ese reclamo.
La tensión entre ambas administraciones no parece tener resolución inmediata. Con el conflicto portuario judicializado y las posiciones políticas endurecidas, el episodio del VS Promise se convierte en el síntoma visible de una disputa más profunda sobre quién decide en el sur del país.
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