Minería: presión riojana por empleo y proveedores locales en el acuerdo con Vicuña
La relación entre el Gobierno de La Rioja, el sector empresarial local y la minera **Vicuña** entró en una fase clave: avanzar hacia un acuerdo que garantice mayor participación de trabajadores y empresas riojanas en el megaproyecto Josemaría, actualmente en ejecución en San Juan. El dato que encendió el reclamo es contundente: de unos 1.200 empleos activos, apenas un centenar corresponden a mano de obra riojana, mientras que la presencia de proveedores locales es prácticamente marginal.
El planteo, impulsado por cámaras empresariales y respaldado por la gestión del gobernador **Ricardo Quintela**, expone una tensión estructural en el desarrollo minero regional: cómo se distribuyen los beneficios entre provincias vecinas cuando los proyectos se asientan en un territorio pero impactan en otros.
Un reclamo con base política y económica
La reunión con el CEO de la compañía, **José Morea**, no fue un gesto protocolar. Se trató de una instancia articulada por el Gobierno provincial para fijar condiciones concretas de participación. Desde la Cámara Empresarial Riojana, su titular **Rodrigo Carrizo** sintetizó el eje del reclamo: más empleo local y mayor inclusión de firmas riojanas en la cadena de servicios.
El planteo no se limitó a una demanda sectorial. Se inscribe en una estrategia política más amplia de la Provincia para evitar quedar relegada a un rol logístico —como el uso de rutas o infraestructura— sin capturar valor económico directo del desarrollo minero.
Capacidad instalada y disputa por oportunidades
Uno de los argumentos centrales del empresariado es que La Rioja cuenta con capacidad técnica y profesional suficiente para integrarse al proyecto. Empresas de servicios, mantenimiento, logística y profesionales especializados forman parte de la oferta local que busca insertarse en la actividad.
En ese contexto, **Vicuña** se comprometió a avanzar en programas de capacitación y formación, un punto clave para cerrar la brecha entre la demanda técnica del proyecto y la oferta disponible en la provincia. Sin embargo, el desafío de fondo sigue siendo político: transformar compromisos en cupos efectivos y contratos concretos.
El acuerdo en camino y sus implicancias
En las próximas semanas se firmaría un convenio en Buenos Aires que incluiría porcentajes de contratación de mano de obra riojana y mayor participación de proveedores locales. Este punto es central: pasar de declaraciones a obligaciones formales medibles.
Además, el acuerdo contempla prioridades territoriales, con foco en el oeste riojano —Villa Unión, Vinchina, Villa Castelli, Chilecito y Famatina— donde históricamente existe vinculación con la actividad minera y mayores expectativas de empleo.
También se incorporan compromisos en infraestructura, como la obra de circunvalación en Guandacol, y exigencias ambientales, un aspecto sensible que el Gobierno provincial busca sostener como condición política no negociable.
Más allá de Josemaría: la disputa por el modelo
El trasfondo del acuerdo excede el proyecto en San Juan. La Rioja intenta posicionarse como un actor activo en futuros desarrollos mineros dentro de su propio territorio, evitando un esquema donde solo aporta recursos indirectos.
En ese sentido, el interés de **Vicuña** en explorar oportunidades en la provincia abre un nuevo escenario, pero también plantea interrogantes: qué condiciones impondrá el Estado provincial y cuánto margen tendrá para garantizar que el desarrollo minero se traduzca en empleo, inversión local y control ambiental.
El acuerdo en negociación será, en definitiva, una señal política sobre el modelo de minería que La Rioja está dispuesta a aceptar.