Paro universitario y tensión política: crece el conflicto por salarios y financiamiento
Las universidades públicas argentinas inician una nueva semana sin clases por un paro docente de 72 horas que expone un conflicto de fondo: la falta de acuerdo entre el Gobierno nacional y el sistema universitario por salarios y presupuesto. La medida, que se extiende del 30 de marzo al 1 de abril, profundiza la presión política sobre la gestión educativa y anticipa una escalada del conflicto.
El reclamo central gira en torno a la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, que según los gremios ronda el 40% en los últimos dos años. A esto se suma la falta de convocatoria a paritarias desde octubre de 2024, lo que agrava el malestar en un sector clave para el funcionamiento del sistema público.
Pero el conflicto excede lo salarial. La discusión también apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada en 2025 tras superar un veto presidencial. La norma establece mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades, incluyendo investigación, becas y gastos operativos. Su aplicación parcial o demorada se convirtió en uno de los principales focos de tensión política.
Desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete Manuel Adorni dejó trascender la posibilidad de aumentos escalonados. Sin embargo, la propuesta no contempla la recuperación de lo perdido frente a la inflación, lo que mantiene estancadas las negociaciones y refuerza el escenario de conflicto.
El impacto es directo: tras un paro de cinco días a mediados de marzo, la reiteración de medidas de fuerza deja prácticamente paralizada la actividad académica en gran parte del país. Además, la cercanía con los feriados de Semana Santa amplía la interrupción del calendario universitario, afectando a miles de estudiantes.
En La Rioja, la situación se replica con fuerza. Los sindicatos de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), como SIDIUNLaR y ARDU, confirmaron su adhesión total al paro, con cese completo de actividades. Desde el sector advierten que la crisis salarial es “crítica”, en línea con el diagnóstico nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también elevó el tono del reclamo. En un reciente informe, señaló que el presupuesto universitario sufrió una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios quedaron muy por debajo de la inflación. Este desfasaje compromete no solo los ingresos de docentes y no docentes, sino también la operatividad básica de las instituciones.
Ante este escenario, los gremios ya proyectan nuevas medidas: una Marcha Federal el 23 de abril y otro paro hacia fin de mes. El conflicto universitario, lejos de resolverse, se consolida como un frente político activo que interpela directamente la estrategia del Gobierno en materia educativa y presupuestaria.