La disputa política y judicial por el proyecto minero Vicuña sumó un nuevo capítulo con una decisión que tensiona aún más la relación entre La Rioja y San Juan. Este martes, la Justicia sanjuanina ordenó garantizar la continuidad operativa del emprendimiento, dejando sin efecto práctico las restricciones impuestas previamente desde territorio riojano sobre el corredor logístico.
La resolución, dictada por un juzgado de primera instancia de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, responde a una medida cautelar presentada por la empresa a cargo del proyecto. El fallo establece que ningún actor, público o privado, puede interferir en el normal funcionamiento de la actividad minera, salvo las autoridades competentes de esa provincia.
Un fallo que reconfigura el escenario
La decisión judicial se produce luego de que en La Rioja se dispusieran limitaciones al tránsito en una ruta provincial clave para el desarrollo logístico del proyecto. Esa medida había generado un fuerte impacto en la operatoria de la empresa y encendió alertas en el sector minero regional.
Con este nuevo fallo, San Juan busca asegurar el control sobre un proyecto que considera estratégico para su matriz productiva, marcando una postura clara frente a lo que interpreta como una injerencia externa sobre su jurisdicción.
El trasfondo político del conflicto
El caso expone un conflicto más profundo que excede lo judicial: la puja por los recursos, el control territorial y los modelos de desarrollo en regiones limítrofes. La intervención de la Justicia sanjuanina no solo protege la continuidad de Vicuña, sino que también fija una posición política sobre quién tiene la potestad de regular actividades que impactan en más de una provincia.
En La Rioja, la medida que restringía el corredor logístico se enmarca en un contexto de creciente tensión social, especialmente en zonas como Guandacol, donde sectores de la comunidad vienen manifestando preocupación por el impacto ambiental y territorial de la actividad minera.
Empresa y estrategia legal
Desde la compañía aseguraron que continuarán operando “en cumplimiento del marco legal vigente”, mientras avanzan con acciones institucionales para garantizar el acceso pleno a sus operaciones. Este posicionamiento evidencia una estrategia que combina respaldo judicial con presión política para sostener la actividad.
Un conflicto abierto
Lejos de resolverse, el escenario anticipa una escalada en la disputa entre ambas provincias. La superposición de decisiones judiciales y administrativas deja en evidencia la falta de coordinación interjurisdiccional en proyectos de gran escala, y abre interrogantes sobre el rol del Estado nacional como eventual mediador.
En este contexto, el proyecto Vicuña se convierte en un caso testigo sobre los límites del federalismo en materia de recursos naturales y sobre cómo las decisiones locales pueden generar efectos en cadena a nivel regional.