La reactivación del diálogo entre el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña marcó un punto de inflexión en el conflicto social que mantenía paralizada la actividad minera en Guandacol. Tras varios días de cortes sobre la Ruta Nacional 40, la apertura de una mesa de բանակցación permitió descomprimir la tensión y reactivar parcialmente la operación en la zona.
El Ejecutivo provincial tomó la iniciativa política al formalizar un canal de diálogo directo con la firma minera. La decisión no solo buscó restablecer la circulación y la actividad económica, sino también recuperar el control de un conflicto que había escalado a nivel territorial y social. En ese marco, la gestión provincial intenta equilibrar tres variables sensibles: inversión, empleo local y aceptación comunitaria.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad jurídica para la empresa sin perder de vista la llamada “licencia social”, un concepto cada vez más determinante en proyectos extractivos. La promesa oficial incluye priorizar mano de obra riojana y proveedores locales, un reclamo histórico en zonas con fuerte presencia minera.
En paralelo, la empresa Vicuña confirmó el reinicio de tareas, lo que incluye obras clave como mantenimiento de caminos, mejoras en la Ruta Provincial 506 y el desarrollo de infraestructura estratégica como el bypass a Guandacol. Este movimiento empresarial fue interpretado como una señal de respaldo al proceso de բանակցación impulsado por la Provincia.
Sin embargo, el factor determinante fue la respuesta de la comunidad. Los asambleístas que sostenían el corte resolvieron levantar la medida tras una votación interna, aunque dejaron en claro que se trata de una tregua condicionada. La continuidad del conflicto dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos y de los resultados de la audiencia prevista para el 11 de mayo.
El levantamiento del bloqueo permitió la inmediata reactivación logística: los primeros convoyes mineros comenzaron a circular nuevamente, marcando un retorno progresivo a la normalidad. Este hecho no solo impacta en la actividad económica, sino también en el clima social de la región, donde la minería representa una fuente clave de ingresos.
Aun así, el escenario sigue abierto. El Gobierno enfrenta ahora el desafío de sostener el equilibrio alcanzado y evitar nuevos focos de conflicto. La experiencia en Guandacol deja en evidencia que la gestión política de la minería ya no puede limitarse a acuerdos con empresas, sino que exige una interlocución constante con las comunidades.