Productores yerbateros advierten que trabajar en el campo hoy significa perder plata
En Misiones y el norte de Corrientes, miles de pequeños agricultores que se dedican al cultivo de yerba mate atraviesan una situación crítica. Por cada kilo de hoja verde que cosechan, reciben entre 230 y 280 pesos, cuando calculan que necesitarían entre 630 y 640 pesos para cubrir sus propios costos. La diferencia es enorme, y la denuncia es clara: producir equivale a fundirse.
Así lo expresó Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas. “Hoy en día el sector trabaja estrictamente a pérdida”, afirmó el dirigente, quien señaló que los valores que reciben los productores no acompañan la inflación ni los aumentos en los costos del combustible y la mano de obra.
Desde la organización vinculan esta situación con la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dispuesta por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023. Esa medida quitó al organismo la facultad de fijar precios mínimos obligatorios para la hoja verde y la yerba canchada, dejando la negociación librada al mercado entre compradores y vendedores. Para los pequeños productores, esa asimetría los deja en clara desventaja frente a las grandes empresas compradoras.
El panorama se complica además por una caída interanual superior al cinco por ciento en la cosecha acumulada de 2026. A eso se suman el endeudamiento de muchas familias productoras y las demoras en los cobros, que reducen el dinero disponible para afrontar cada nueva campaña.
Petterson también mencionó que algunas familias buscan empleos temporales en países vecinos para poder subsistir. Si bien no hay cifras oficiales sobre cuántos agricultores se encuentran en esa situación, el dato refleja la dimensión social de un conflicto que va mucho más allá de los números.
El Gobierno nacional, por su parte, defiende la liberalización del mercado y destaca el crecimiento de las exportaciones de yerba mate. Los productores nucleados en ACPYN reconocen ese crecimiento comercial, pero insisten en que el aumento de las ventas no se traduce en un precio justo para quienes trabajan la tierra. El conflicto sigue abierto y sin resolución a la vista.